CNPIC

Protección de Infraestructuras Críticas

0

Presentación

Infraestructuras Críticas y Seguridad

Actualmente, los Estados modernos se enfrentan a nuevos desafíos, como el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva, que confieren a la Seguridad Nacional un carácter cada vez más complejo. Esto, unido a la mayor dependencia que la sociedad tiene del sistema de infraestructuras que aseguran el mantenimiento de los servicios esenciales, hace que su protección sea una prioridad para las diferentes naciones, situación en la que España no es una excepción.

Como resultado de lo anterior, se ha desarrollado una estrategia global para atajar este problema, que en el ámbito de la Unión Europea se materializó, primero, en el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) publicado en el año 2004, y más tarde, en la Directiva  2008/114 del Consejo de la Unión Europea, de 8 de diciembre. En ambos documentos se establece que la responsabilidad de proteger las infraestructuras críticas corresponde a los Estados miembro y a los operadores de las mismas y determina el desarrollo de una serie de obligaciones y de actuaciones, que deben incorporarse a las legislaciones nacionales.

Situación actual en España

En España, las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras críticas se enmarcan principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del Interior. Sin embargo, la seguridad de las infraestructuras críticas exige contemplar actuaciones que vayan más allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta inevitable implicar a otros órganos tanto de la Administración Pública como del sector privado. Es preciso contar por tanto con la cooperación de todos los actores involucrados en la regulación, planificación y operación de las diferentes infraestructuras que proporcionan los servicios públicos esenciales para la sociedad, logrando una asociación público-privada provechosa para todos.

Iniciativas como la aprobación por la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, de un Plan Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, de 7 de mayo de 2007, la subsiguiente elaboración de un primer Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, la aprobación en el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 de un Acuerdo sobre Protección de Infraestructuras Críticas y la creación del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), supusieron en su momento un importante avance operativo para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales. Sin embargo, se continuaba echando en falta la existencia de una normativa con rango de ley sobre la que se sustentasen dichas iniciativas y que estableciera con claridad las responsabilidades y obligaciones de los diferentes agentes involucrados en la protección de las infraestructuras críticas nacionales.

La promulgación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (más conocida ya como Ley PIC) responde precisamente a esas necesidades largamente demandadas por buena parte de los sectores público y privado de nuestro país. Más allá del cumplimiento de la normativa comunitaria, el fin primordial de la Ley, y la del reglamento que la desarrolla (Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo), es el establecimiento a nivel nacional de una serie de medidas en materia de protección de infraestructuras críticas que proporcionen un soporte adecuado sobre el que se asiente una eficaz coordinación de las Administraciones Públicas y de las entidades y organismos gestores o propietarios de dichas infraestructuras que presten servicios esenciales para la sociedad, con el fin de lograr una mejor seguridad global.

Conceptos Clave

La base del modelo español en la protección de las infraestructuras críticas responde a los siguientes parámetros fundamentales:

INTEGRALIDAD:

Es preciso abordar la cuestión de la protección de las infraestructuras críticas en su conjunto y buscar la convergencia de la seguridad física y lógica, y esto debe calar tanto en las Administraciones Públicas como en nuestras empresas y organismos privados, de manera que a corto/medio plazo podamos disponer de las estructuras organizacionales, procedimentales y operativas adecuadas para hacer frente a las nuevas amenazas. Porque la seguridad del todo es siempre la del punto más débil.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA:

Nuestras infraestructuras están gestionadas por organizaciones pertenecientes tanto al sector público como al privado, y eso nos lleva al concepto de Asociación Público – Privada, sustentado sobre la base de la cooperación y el entendimiento mutuos. Cada una de las partes (Administración y sector privado) debe por tanto aceptar su responsabilidad. La continuidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos sólo puede abordarse desde la colaboración desinteresada, la mutua confianza y el intercambio de información valiosa para ambas partes.

REGULACIÓN EFICIENTE:

Sobre esta base de genuina cooperación, se necesita implantar una serie de normas y procedimientos que posibiliten el mutuo entendimiento entre los agentes involucrados. Desde esta perspectiva, la Ley PIC debe ser considerada como una herramienta más que permita poner en contacto todos los actores participantes en el ámbito de la seguridad de nuestras infraestructuras, trazando unas reglas del juego donde se determinen responsabilidades mutuas y que sean lo suficientemente transparentes para que aquellas organizaciones con más sentido de la responsabilidad ante los ciudadanos no resulten perjudicadas por competidores menos responsables.

Se trata de esta forma de contemplar múltiples sectores estratégicos totalmente diferentes entre sí, englobando infinidad de actores de todos los campos, perfiles y procedencias. Y se trata, en definitiva, del inicio de un camino en el que fundamentalmente debemos cambiar conciencias y conceptos desfasados, mediante el desarrollo de una estrategia que pueda ser suscrita por todos y en la que todos participen